Con la Ley de Emprendimiento e Innovación se establece el entorno legal necesario para esta actividad.
Antes de la ley, existían muchas personas y empresas que facilitaban información y contactos a quienes requerían este servicio.
La normativa vigente establece un marco adecuado y seguro para promotores e inversores, que pueden conectarse a través de una PFC legalmente constituida.
El registro y el control societario de las PFC está a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Se clasifica a las PFC en varias categorías (donación, financiamiento reembolsable, entre otros), además de establecerse lo siguiente:
– Requisitos.
– Servicios.
– Sistema de Comisiones.
– Obligaciones.
– Prohibiciones.
– Forma de Recaudación.
Y justamente la misma Ley de Emprendimiento creó una nueva especie de persona jurídica (Sociedad de Acciones Simplificadas) que facilitará la constitución de este tipo de empresas, bajo una modalidad mucho más expedita y de bajo costo inicial.
